Memorial explicativo sobre el Proyecto del Senado 1269-2014

29 de enero de 2015

Hon. Antonio Fas Alzamora
Presidente

Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización

Senado de Puerto Rico

El Proyecto de Ley del Senado 1269 que crea el Departamento de Arte y Cultura  propone elevar a nivel de Gabinete Constitucional la cultura puertorriqueña y asigna un presupuesto a las agencias que integrarían este Departamento basado en el cómputo de una fórmula fija del .72% de 1% del Presupuesto del Fondo General que ascendería a poco más de 69 millones. (Basado en los ingresos por concepto de rentas del Fondo General para el AF 2013 – 2014) Aplaudimos esta iniciativa de respaldo económico a la cultura puertorriqueña de la Honorable Comisión de Turismo, Cultura, Recreación, Deportes y Globalización,  lo cual demuestra el compromiso, del Honorable Senador Antonio Fas Alzamora hacia la producción, difusión y desarrollo de la industria cultural en Puerto Rico. Reconocemos también, la encomiable intención de otorgarle un sitial notable al quehacer cultural de Puerto Rico.

Como veremos, a prima facie, el proyecto 1269 es en teoría una buena idea, no obstante, cuando lo  analizamos en detalle -de acuerdo a los artículos consignados  en la Declaración de Política Pública- nos levanta banderas de alerta y dudas. Entendemos-contrario a lo que promete este proyecto- que la instrumentalización de este nuevo modelo de administración cultural, supondrá serios disloques  a la autonomía cultural, fiscal y operacional de sus componentes. Incluso posibles amenazas a la libertad artística.

En su exposición de motivos nos informa de una “reducción de la intervención directa del Gobierno, convirtiéndola en un ente facilitador y respetando la autonomía cultural de los distintos componentes” y entre otros propósitos señala “la utilización de mecanismos eficientes de financiamiento para proveerle autonomía fiscal”

Sin embargo, según se desprende de la propia Declaración de Política Pública se estaría creando un mega departamento de cultura. Hecho éste que, en sus propios términos, nos resulta cuando menos problemático y contradictorio, toda vez que un departamento de esta magnitud no reduciría la intervención directa del estado sino todo lo contrario, pues en la práctica estamos hablando de más centralización gubernamental.

Este propuesto modelo cultural- institucional anexará  ocho corporaciones y sus subsidiarias cuyas metas, objetivos y funcionamiento son muy diferentes. Por ejemplo,  el Centro de Bellas Artes, una empresa principalmente de servicios y de alquiler de facilidades a productores de espectáculos públicos, es dirigida por un Gerente General. Completamente distinto en términos operacionales, al Conservatorio de Música, el Museo de Arte de Puerto Rico, la Corporación para la Difusión Pública y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, entre otros, que se rigen bajo otras premisas organizativas, bajo otros objetivos, planes estratégicos y organigramas funcionales. El Conservatorio tiene un Rector, WIPR un Presidente, el MAP y Conservación Histórica un Director Ejecutivo. Esto supone un problema de articulación de las partes con el todo que el proyecto de ley gemelo 1272, en nuestra opinión, no resuelve. De hecho, Bellas Artes en términos operacionales tiene más afinidad con los Centros de Bellas Artes que operan en varios pueblos de la isla y con el Coliseo José Miguel Agrelot.

Nuestra experiencia histórica en la creación de megas administraciones gubernamentales nos alarma y preocupa con razón pues hoy, quizá más que nunca, sabemos los resultados que han tenido.  Si bien el propósito de la ley es crear estructuras gubernamentales más ágiles y eficientes, este modelo organizativo no nos parece el más apropiado toda vez que su propia constitución administrativa propende, irremediablemente, a instaurar otro ente burocrático e interventor del quehacer cultural en Puerto Rico.

Este súper Departamento de Arte y Cultura en sí mismo supone más redundancia de funciones y un gasto recurrente adicional a las ya deprimidas arcas del tesoro público. Estamos hablando de sueldos de alto nivel ejecutivo, de asesores legales y asesores en las múltiples y distintas áreas que integran los componentes de esta sombrilla cultural. El costo de todo un nuevo andamiaje administrativo conlleva necesariamente una gran nómina, además de una cadena de gastos de alquiler de facilidades, de equipamiento, de utilidades, de seguros, de mantenimiento, entre otros. Presupuesto que se  podría invertir mucho mejor financiando proyectos de apoyo a las artes.

Lo primero y más sensato antes de llevar a votación este proyecto de ley es realizar un estudio de viabilidad económica para determinar cuál sería realmente su impacto económico. No vaya a ser que este nuevo andamiaje administrativo  consuma una buena tajada del presupuesto sugerido de .72 por ciento de centésima de las Rentas y otros recaudos de origen estatal. Y la verdad sea dicha, podemos –sin quererlo- terminar reproduciendo los mismos problemas fiscales y esquemas operacionales que actualmente sufren otros mega departamentos y corporaciones públicas.  No nos hace mucho sentido, dentro de la actual política de austeridad fiscal y de la Ley 66, destinar varios millones de dólares recurrentes para la creación de otro departamento gubernamental.  Se supone,  a la luz de este proyecto de ley, que se estaría “respetando la autonomía de cada uno de sus componentes”. Pero, si los componentes siguen funcionando tal cual, nos parece entonces que sería el propuesto Departamento de Arte y Cultura el que podría resultar redundante  y por ende innecesario.

De acuerdo al proyecto de ley, éste sería “coordinado por una dirección central que le responda directamente al Pueblo Puertorriqueño”. Aquí nuevamente nos preocupa -en el contexto de la creación artística y cultural- no sólo la insistencia en una centralización del arte y la cultura, que se reitera con frecuencia, sino también el hecho constatable de que toda centralización en manos del Estado, por su propia dinámica gubernamental, está sesgada políticamente y predispuesta a la burocracia.

Nos preocupa lógicamente, quién sería este Secretario de las Artes y la Cultura, con amplias funciones fiscalizadoras, nombrado por el Gobernador y confirmado por la Legislatura.

Nos preocupa, también, el amplio poder que se le adjudicará y el vínculo partidista que pueda tener, pues el  hecho de que sería nombrado por un término de diez años no elimina para nada la posible ligadura partidista, máxime si es un Secretario de Gabinete. Sería muy ingenuo pensar lo contrario.

Nos preocupa esa década del mañana que en las vueltas y revueltas de nuestra historia política podríamos terminar más bien con un Comisario Cultural en vez de un Secretario.

Nos preocupan las consecuencias de las buenas intenciones -que sin lugar a dudas tiene este proyecto – de la amenaza real del dirigismo cultural que yace en las entrelíneas de este proyecto de ley.

El  P. del S. 1269 en su exposición de motivos sostiene básicamente los mismos fines y objetivos que los del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aquellos que están dirigidos a “promover y unificar nuestra identidad cultural”. Aquí notamos otra redundancia de propósitos con respecto a la ley orgánica que crea el I.C.P.  Nos preguntamos por qué en vez de crear este complejo y costoso ente administrativo, no se fortalece, se agiliza y se reorganiza el I.C.P. que, con sus altas y bajas, a pesar de los vaivenes políticos y del magro presupuesto que recibe, le ha servido bien al pueblo puertorriqueño por más de medio siglo. De hecho el Instituto de Cultura prácticamente reúne todas las funciones de la mayoría de las agencias que se quiere fusionar: música, danza, cine, teatro, literatura, museos, conservación histórica, publicaciones, archivo general, arqueología, artes populares, artes plásticas, artes escénico- musicales, biblioteca nacional. Incluso alquila facilidades, vende servicios y tiene adscritos más de setenta Centros Culturales a lo largo y ancho de toda la isla.

Siempre hemos creído que la institución que viene obligada por ley a preservar, promover y enriquecer el patrimonio cultural es el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Entonces,  podríamos –sin quererlo- estar creando una hidra burocrática de ocho cabezas que tiene básicamente la misma misión que el I.C.P.

El P. del S. 1269 abunda en generalizaciones ambiguas y en aseveraciones categóricas sobre el estado de situación de la producción artística y cultural puertorriqueña. Sería prolijo detallar y contestar en este espacio todas y cada una de estas generalizaciones y aseveraciones. A modo de ejemplo nos limitaremos a citar (con énfasis nuestro) las primeras dos páginas del artículo  2 de la Declaración de Política Pública:

Artículo 2. Declaración de Política Pública:

  1. 1.      Art. 2. P.5 (8-11) “(…) Los cambios históricos y políticos ocurridos… han limitado notablemente la efectividad de este modelo… (se refiere al modelo de la creación de las agencias gubernamentales de los años ‘50). En consecuencia el ritmo de crecimiento cultural y el desarrollo de las bellas artes en Puerto Rico se han hecho más lento….”

A grosso modo esta afirmación estadísticamente no parece sostenerse, por el contrario podemos apreciar un incremento en la producción de la actividad artística y cultural en los pasados quince años que apunta a un virtual florecimiento de la actividad cultural.

Nuevos festivales, nuevos museos y galerías, desarrollo de eventos públicos como la Campechada, la revitalización de las Fiestas de la Calle San Sebastián, Las Fiestas de la Calle Loíza, las Fiestas del Barrio Cangrejos, el Festival de la Palabra, la Feria del Libro, las ferias de arte en el área metropolitana, la Ventana al Mar,  Festivales playeros en muchos pueblos de la costa,  eventos gastronómicos como SAL y SOHO, entre otros. Se han abierto nuevas localidades como Bahía Urbana, el  Coliseo José Miguel Agrelot, el Centro de Convenciones, el Anfiteatro Tito Puente con el Heineken Jazz Fest.

Solamente en Santurce se han activado varios teatros como el Victoria Espinoza, el Francisco Arriví, el Paramount, el Ambassador, el Teatro “Shorty” Castro, el Teatro Bertita y Guillermo Martínez en el Conservatorio de Música,  la Casa Ruth Fernández.

Se han creado nuevos espacios de entretenimiento cultural al aire libre en parques, en playas y en plazas de varios pueblos de la isla; se han abierto decenas de pequeños café-teatros y negocios como La Respuesta, Abracadabra, el Eco Bar, El Local, la Sala Beckett, Executive Manolo, Cine-Bar en Ballajá, etc., que abundan por el área metropolitana y en los que se presenta constantemente música en vivo y performance de artistas jóvenes. La palpitante actividad artística y gastronómica de la Placita de Santurce es ejemplo reciente de la vida cultural urbana.

Lo mismo podemos decir de la creciente actividad cultural de pueblos como Caguas, Carolina, Bayamón, Mayagüez, Arecibo y Rincón entre otros.

La creación de Centros de Bellas Artes en varios pueblos del interior como el reciente CBA de Humacao. Las actividades culturales en más de setenta Centro Culturales por toda la isla, sin hablar de las actividades culturales que celebran más de treinta recintos universitarios.

Las compañías  culturales sin fines de lucro han aumentado también en número y en actividad, a pesar del lastre que por años supuso la Ley 108 para la industria cultural. Igual vale para la cantidad, calidad e ingenio en la producción de bienes culturales hechos por nuevos artesanos puertorriqueños.

El área metropolitana cuenta con una vibrante actividad cultural en todas las áreas del quehacer artístico. Y podemos afirmar que hay un talento joven que se aúpa cada vez más y se proyecta internacionalmente en las artes plásticas, en el bel canto, en la música coral, en la danza, en la música tanto clásica como popular, en el cine sobre todo en el formato de cortometraje, en el performance, en el diseño arquitectónico, artístico e industrial. Artistas puertorriqueños que ahora mismo están ganando premios de gran relevancia a nivel nacional e internacional.

En el Centro de Bellas Artes nada más, recibimos sobre 260 mil personas anualmente y a las Fiestas de la Calle San Sebastián acuden en un fin de semana alrededor de 500 mil personas. Para una población de poco más de tres millones y medio de habitantes esto refleja un crecimiento cultural sostenido. En el ámbito del intercambio cultural a nivel internacional, El Departamento de Estado ha establecido acuerdos bilaterales con varios países latinoamericanos. Queda mucho trabajo por hacer especialmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros artistas, en el desarrollo de la industria cultural en general y en el consumo interno y exportación de bienes culturales.

  1. 2.      P. 5 (14-18) “… una reducción en la intervención directa del Gobierno, convirtiéndola en un ente facilitador respetando la autonomía cultural de los distintos componentes (….) Y la utilización de mecanismos eficientes de financiamiento proveyéndole autonomía fiscal.”

Esta aseveración también nos levanta dudas toda vez que no es posible reducir la intervención directa del Gobierno cuando es el mismo gobierno quien establece una política cultural oficial y por ende  homogénea desde la cúpula del  poder estatal. Aquí el dirigismo cultural es evidente o cuando menos una posibilidad demasiado posible, valga la redundancia.

Una vez estas ocho corporaciones se fusionen, su autonomía cultural, al igual que fiscal quedarían seguramente obliteradas por la superestructura de este nuevo aparato burocrático.

De lo contrario, es decir, de mantener la autonomía fiscal y cultural como se promete, qué sentido tendría entonces crear este mega Departamento con todo lo que conllevaría en términos de  gastos,   despidos por un lado en el personal de las agencias y por el otro, de contrataciones en el nuevo Departamento de Arte y Cultura; la centralización y reglamentación de nuevas normas de procedimientos; reubicaciones de personal, etc.,  que, inevitablemente, van a crear daños colaterales a corto plazo y un innecesario disloque temporal en el funcionamiento interno de sus componentes.

Aquí no estamos hablando de la fusión de dos o tres entidades afines, sino de ocho corporaciones públicas y sus afiliadas que tienen fines y funcionamientos operacionales distintos. Armonizar, engranar y articular eficientemente este super departamento es, cuando menos, una empresa sumamente complicada y delicada.

Nos preguntamos entonces ¿bajo qué lógica económica y administrativa se explica el hecho de que creando otro departamento tendríamos mecanismos “más ágiles y eficientes” de funcionamiento y de financiamiento?

  1. 3.       P.6 (3-8) “….dar a conocer nuestro patrimonio cultural (….) transformar el enfoque tradicional hacia uno que esté en armonía con el pueblo puertorriqueño….no solo (….) para promover los sectores tradicionales…sino…para introducir nuevos conceptos de desarrollo…” y termina el párrafo hablando de la globalización de nuestra oferta cultural.

Como vemos, este Proyecto de Ley promete “transformar el enfoque tradicional hacia uno que esté en armonía con el pueblo puertorriqueño”.  Esto suena muy bien pero, francamente, no se explica pues primero, ¿cuál es ese enfoque tradicional que se quiere transformar? No lo define, no lo explica, no lo sabemos. Tampoco  explica qué es lo que debe estar en armonía con el pueblo y ¿cómo debe estar dicha armonía para que esté en sintonía con ese pueblo? Ni mucho menos explica de cuál armonía estamos hablando. Tal parece que el “enfoque tradicional” que actualmente prevalece está en discrepancia con la armonía del pueblo por lo que es menester redirigirlo en virtud de una política cultural oficial para que concuerde en armónico maridaje con el Pueblo. Lo mismo podemos preguntarnos sobre cuáles y cómo serán esos nuevos modelos de desarrollo que nos promete la ley  que nos llevará a la globalización de la oferta cultural.

  1. 4.      P.5. (9-17) “La implantación de un nuevo modelo cultural requiere una estructura gubernamental ágil y eficiente (…) reorganización de las estructuras ejecutivas (…) y que faciliten la formulación e implantación de las políticas (…) para propiciar el desarrollo. Los organismos gubernamentales existentes… deben modificarse a nuestras necesidades presentes y futuras (…) duplicidad de funciones, fragmentación de la política pública…y sobre todo, costumbres y estilos que deben atemperarse.”

Nos preguntamos otra vez con toda seriedad y respeto, cómo es que vamos a garantizar que este nuevo Departamento resulte en una estructura gubernamental ágil y eficiente, si como mencionamos al principio, la experiencia histórico-política del país nos demuestra lo contrario. De hecho, ahora mismo la tendencia –incluso a nivel mundial- es la descentralización de los grandes aparatos burocráticos que se han vuelto ingobernables, convertidos en una especie de hoyo negro administrativo y en un verdadero dolor de cabeza para el fisco.

La duplicidad de funciones no se va a eliminar con esta ley, en todo caso aumentaría pues habrá que alimentar esta nueva superestructura, a menos claro, que se elimine o modifique sustancialmente la prometida autonomía fiscal y cultural de sus componentes. Lo cual estaría negando los estatutos del mismo proyecto de Ley.

A la luz de este planteamiento, la reorganización que se contempla de las estructuras ejecutivas, necesariamente nos obliga a pensar que habrá despidos posiblemente del personal más profesional, más adiestrado y mejor capacitado para dirigir su entidad. La gerencia intermedia compuesta por personal de confianza seguramente sería despedida o trasladada a la Administración Central de este nuevo Departamento. Por consiguiente, nos preocupa que la centralización afecte la agilidad y eficiencia para consultar, analizar, aprobar, tramitar y procesar los cientos de documentos, contratos, órdenes de compra y un largo etc. de gestiones administrativas que se realizan  a diario. Esto no nos parece exactamente el modelo de una estructura gubernamental más ágil y eficiente. Por ejemplo, el CBA por ser una corporación pública de alquiler de salas y venta de boletos, se hacen recaudos todos los días de la semana en turnos de 10:00am a viernes, sábado o domingo se cuadran los ingresos y se emiten cheques a los productores en 24hrs, para que puedan pagar a los actores.

De mantenerse tal cual  la autonomía de cada uno de los componentes, estaríamos creando un Departamento de Arte y Cultura que contaría con varios gerentes generales, varios rectores, varios directores ejecutivos, decenas de subdirectores y de gerentes auxiliares; un secretario, un subsecretario, un destacamento de asesores y todo el andamiaje de personal administrativo que requiere un departamento de estas dimensiones.

Por otro lado, cuando se habla de la “fragmentación de la política pública” como un problema institucional, nos hace pensar que, o bien la política pública cultural -que es de lo que estamos hablando aquí- en algún momento de nuestra historia fue  homogénea y que ahora al estar fragmentada debe corregir el rumbo y regresar a su unidad de origen o bien, que siempre estuvo fragmentada y para lograr su desarrollo hacia el futuro debe unificarse.

Consideramos esto un problema, incluso desde el punto de vista conceptual y filosófico pues la cultura es socialmente compleja, espontánea, diversa y heterogénea.  Ahí descansa la fuerza y riqueza del quehacer cultural.  Solo en los sistemas totalitarios podemos pensar en algo así como uniformidad en la política cultural.

También nos levanta dudas la crítica a unas “costumbres y estilos que debe ser atemperados”.  Nuevamente, se asume como hecho que hay unas costumbres y estilos inadecuados  pero no las explica, ni las define. No sabemos a qué costumbres y estilos se refiere. O es que dichas costumbres pueden ser medidas tan objetivamente como para ser “atemperadas”. En ese caso cuáles son esas costumbres y estilos, y sobre todo cómo creando este nuevo departamento se van a corregir unos estilos del que no sabemos cuáles son.

  1. 5.      P. 6-7 (17-23) “….el desarrollo cultural de Puerto Rico debe estar coordinado por una dirección central que le responda directamente al Pueblo de Puerto Rico. (…)  A fin de lograr los objetivos señalados se crea el “Departamento de Arte y Cultura” de Puerto Rico y agrupa (…) las entidades gubernamentales que tienen funciones de planificar, promover y fomentar iniciativas de identidad y desarrollo cultural. Elevar a nivel de gabinete constitucional (…) darle un reconocimiento institucional a la cultura puertorriqueña (…) se propone que el Departamento sea el eje principal para la implantación de las estrategias… de las artes y la cultura puertorriqueña (…) respetando la autonomía de cada uno de ellos. (…) hacer realidad la visión de identidad puertorriqueña expresado en el nuevo modelo cultural de Puerto Rico”

Este inciso nos informa que el desarrollo cultural debe estar coordinado por una dirección central, reza así uno de los propósitos principales de esta ley. Nos parece que no hay que hacer mucha interpretación para volver sobre el fantasma del dirigismo cultural, un asunto que se repite a lo largo de este proyecto de ley y  que a todo trabajador, gestor y productor de bienes culturales les debe levantar cuando menos serias dudas. Nos preocupa que de lo que se trata es en último análisis, de la implantación por ley de una política cultural del Estado. Cabe preguntarse, entonces, cuál es la verdadera definición de esa  reiterada alusión a la “autonomía de cada uno de ellos” (refiriéndose a los componentes). Así como la premisa de un “nuevo modelo cultural” para  “hacer realidad la visión de identidad puertorriqueña” queda también, cuando  menos ambigua.

Como vemos solo hemos abordado la Exposición de Motivos y el Artículo 2 de la Declaración de Política Pública. Podemos ir artículo por artículo de este proyecto de ley señalando las dudas, preocupaciones, contradicciones y problemas conceptuales que giran en torno a lo que ya hemos  planteado.  Lo hacemos con todo el respeto, la seriedad y responsabilidad que este importante proyecto requiere.

Resumiendo los principales asuntos de esta ponencia:

  1. Aplaudimos la iniciativa de darle mayor atención y apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura puertorriqueña. Estamos de acuerdo en que el gobierno sea un facilitador y no un interventor de la cultura, así como mejorar los mecanismos administrativos y de financiamiento para hacerlos más eficientes.
  2. Muchas de las disposiciones de los 34 artículos que establece la Declaración de Política Pública crean más dudas que certezas, levantan banderas de alerta que nos preocupan seriamente.
  3. Contrario a lo que pretende este Proyecto de Ley 1269 vemos problemas conceptuales, administrativos y de garantías a una verdadera autonomía cultural y fiscal.
  4. Entendemos que lo que se propone, según reza en la Exposición de Motivos, posiblemente estaría causando el efecto contrario de lo que se quiere corregir.
  5. Nos parece que el riesgo de crear otro mega Departamento no se justifica, ni en términos de funcionamiento, ni en términos fiscales, ni en términos de reducir la intervención directa del gobierno en los asuntos culturales.
  6. Provocaría al menos a corto y mediano plazo un disloque en el funcionamiento interno de sus componentes afectando también el servicio que cada una le brinda al pueblo. En sus inicios, seguramente estaría produciendo una desarticulación de los organigramas funcionales de cada entidad, por lo que no está claro cómo se van a re articular y engranar en este nuevo modelo institucional.
  7. Nos preocupan las consecuencias del enorme poder que tendría este Departamento para disponer de activos, propiedades, arrendamientos, compra-venta de terrenos, y demás facilidades culturales de cada agencia o componente. Igualmente el poder político  y cultural que tendrá el Secretario nombrado por el Ejecutivo y el Legislativo, pues estaría tomando decisiones, no solo sobre la política cultural oficial, sino que estaría facultado a decidir también sobre aspectos administrativos, planes estratégicos y el funcionamiento interno de cada una de las agencias. Hecho que, entendemos, pondría en riesgo la llamada autonomía cultural y fiscal que se nos promete.
  8. El Departamento de Arte y Cultura en sí mismo tendría básicamente muchos de los mismos objetivos y funciones que realizan los componentes que la integran, por lo que habría redundancia y duplicidad en este  propuesto denominador común. Hecho éste que pone en entredicho su verdadera necesidad y cuan indispensable resulta en esta coyuntura fiscal.
  9. No se han hecho estudios de viabilidad económica, ni operacional. Lo que propone el proyecto de ley gemelo, el P. del S. 1272-2014 realmente no lo explica. Debemos estar bien seguros de que esto objetivamente va a funcionar. Aquí hay demasiados asuntos en juego.
  10. Nos oponemos al dirigismo cultural del Estado y a la imposición de una política cultural homogénea que podría ir en detrimento de la libertad artística y de la libertad de las agencias para ser flexibles en sus planes de trabajo y lineamientos operacionales.
  11. No estamos de acuerdo con los Fondos Especiales según consta en el Artículo 22, p.20, que coloca los fondos de las agencias bajo la custodia del Secretario de Hacienda.

Por los pasados 34 años el C.B.A. –diferente  a otras agencias y Corporaciones Públicas  - maneja con autonomía fiscal su sistema de ingresos y gastos lo cual nos confiere agilidad y eficiencia en los trámites de cobros y de pagos, sin tener que enviarlos a Hacienda para autorizarlos y emitirlos.

  1. Proponemos en cambio que la fórmula del .72% de céntimo del 1%  del Presupuesto del Fondo General se distribuya de acuerdo a los porcientos estipulados en este Proyecto de Ley.
  2. Proponemos que esos fondos se le asignen a las agencias aquí incluidas sin que las mismas sean fusionadas en este Departamento de Arte y Cultura.

  1. A la luz del P. Del S. 1269, la anexión de todas estas entidades provocaría disloques operacionales que van desde el manejo de sus finanzas, el cierre de oficinas como Recursos Humanos y despidos de empleados irregulares,  transitorios y de confianza que debido a los estragos de la Ley 7 y de la Ley 70 fue necesario contratar para mantener en lo mínimo posible los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía.
  2. Proponemos, con todo el respeto, que antes de proceder a votación se tome  proactivamente en consideración y evaluación el Informe Final de la Comisión de Arte y Cultura.

Ricardo Cobián Figeroux Ph.D.
Gerente General
Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré